Ejecutivo se planteó la flota polivalente y la del ALBA pero aún no se ejecutan.

Las turbulencias que atravesó el sector pesquero nacional durante 2008 terminaron en el desplome en 2009, pues una de las áreas más rentables de esta actividad económica fue eliminada el pasado 14 de marzo.

Desde esa fecha, el Ejecutivo denominó a Venezuela "un país libre de pesca de arrastre". A partir de ese momento la flota pesquera más grande del país, con unas 235 embarcaciones, salió del mercado sin que se hubiesen definido otras opciones reales que suplieran esta actividad que aportaba más de 44% del consumo nacional de pescado.

La medida del Ejecutivo nacional dejó afectadas más de 10 industrias y unos 3.500 empleos directos, sin contar los más de 5.000 puestos de trabajo indirectos en tierra que quedaron cesantes, como caleteros, transportistas, personal de las plantas procesadoras de pescado, camaroneras y de oficina, en los estados Sucre y Falcón principalmente.

El Ejecutivo se planteó como solución a la pesca industrial de arrastre una flota de pesca con artes polivalentes, proyecto que a nueve meses de eliminarse la rastropesca no se ha puesto en práctica y está lejos de hacerse, pues para hacerlo requiere la reconversión de unas 60 embarcaciones, de las cuales sólo dos han iniciado esos trabajos.

El Ejecutivo apuesta a la empresa mixta Pesquera del ALBA, flota que cuenta con apenas dos barcos cerqueros para captura de atún y jurel, que desde su lanzamiento a mediados de este año sólo ha realizado dos zarpes, mientras que los barcos de rastropesca hacían dos faenas por mes.

Mientras tanto, los efectos de la eliminación de la pesca industrial de arrastre se han manifestado en la disminución de la producción pesquera y los precios del pescado, tanto al mayor como al detal, por la baja oferta.

El rubro que quedó más afectado fue el camarón, producto que se extraía tanto para consumo como para exportación, lo cual también elevó el precio. La oferta que hay en el mercado proviene de la cría en lagunas, lo que lo hace más costoso.

Los resultados de la medida aplicada en el sector se han convertido en un contrapunteo de versiones. Mientras el Gobierno asegura que a través del Instituto Socialista de pesca y Acuicultura (Insopesca) "se han atendido las necesidades de 64% de los marinos que quedaron cesantes", los afectados aseguran que no han recibido las ayudas que les ofrecieron.

Al momento de decretarse la eliminación de la pesca de arrastre se ofrecieron créditos para que los ex trabajadores pudieran arrancar negocios propios pero en otras actividades desvinculadas a la pesca, propuesta que no fue aceptadas por los trabajadores.
 

Fuente: El Universal, Caracas