Cada vez es más compleja la gestión del comercio pesquero a nivel mundial. Las nuevas normas sobre inocuidad, calidad, trazabilidad y etiquetado ecológico que muchas autoridades y minoristas del mundo han desarrollado se están imponiendo progresivamente en las importaciones y exportaciones de pescado. Los países en desarrollo afirman que cumplir con esas normas conlleva un notable esfuerzo técnico y financiero, en especial debido a que no son universales, sino que varían mucho de un país a otro.

Estas normas diferentes que se aplican a las importaciones y exportaciones de pescado, pueden crear confusión y problemas, especialmente en los países donde la producción procede de la pesca a pequeña escala o artesanal.

Por otro lado, las subvenciones distorsionan el comercio libre. Al aplicarse en la pesca esta subvenciones no solo distorsionarían las ventajas comparativas, sino que contribuyen a degradar los recursos. Dar subvenciones a los pescadores se asimila a aumentar el esfuerzo pesquero y a que, dadas las condiciones tecnológicas actuales se ejerza una presión insostenible sobre el recurso.

La financiación de los acuerdos internacionales, se entiende que es también una subvención encubierta, que además de requerir recursos del contribuyente, va a aumentar el esfuerzo y contribuir al agotamiento o sobreexplotación del recurso pesquero.

Finalmente, se esta tratando de asegurar que existan reglas transparentes y no discriminatorias del comercio de los productos pesqueros. Ello implica un comercio regulado que se base en el criterio de que lo que no se puede pescar no se puede vender. Además, que obligue al productor y al comerciante a suministrar información rigurosa sobre el producto que al menos incorpore: especie, arte, origen y fecha de captura.